microempresa

En el pasado mes de septiembre, el Banco Central de la República Dominicana publicó, para fines de su entrada en vigencia, el Reglamento de Microcréditos –cuyo proyecto definitivo había sido aprobado previamente por la Junta Monetaria– agotados los procesos de consulta pública y consideración de las opiniones de los sectores interesados.

Su elaboración y puesta en vigencia responde a una política e interés tanto del sector público (ver previamente la aprobación del Reglamento de Subagentes Bancarios, el cual igualmente responde a los lineamientos de política social y financiera de la Administración Monetaria y Financiera, de darle mayor profundidad al proceso de bancarización del país, fomentando el crédito a los sectores tradicionalmente menos favorecidos) como del sector privado, de permitir el acceso a servicios financieros a un gran segmento de la población hoy día excluido, los microempresarios, previendo que éstos deban recurrir en menores ocasiones al financiamiento informal.

El Reglamento tiene así por objeto establecer las normas para el otorgamiento de microcréditos, los lineamientos para su administración y la metodología que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera para la evaluación y medición del riesgo de estas operaciones.

En esta ocasión, nos limitamos a distinguir las disposiciones del Reglamento que conciernen al otorgamiento de los microcréditos.

A estos fines, define este instrumento de financiamiento como un crédito no mayor a cuarenta (40) salarios mínimos, según escala máxima del salario mínimo privado establecido de tiempo en tiempo por el Comité Nacional de Salario del Ministerio de Trabajo (RD$11,292.00 a la fecha) que se conceda a una persona, o a un grupo de éstas, destinado a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades, debidamente acreditados.

En adición a cumplir con esta definición, para ser clasificada una operación crediticia como tal, el microcrédito debe cumplir con determinadas características previstas en el Reglamento, de las cuales resaltamos las siguientes, a saber:

  1. El microempresario: el solicitante del crédito, sea persona física o jurídica, debe tener una actividad o negocio propio de pequeña escala o un proyecto a poner en ejecución con dicho financiamiento, al tiempo que la fuente principal de ingresos del microempresario, aunque no necesariamente la única, provenga de la realización de actividades de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios u otras fuentes externas estables. El Reglamento establece además que serán sujetos de crédito todas aquellas personas físicas o jurídicas que generen una (1) o más fuentes de ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de RD$6,000,000.00 que formen parte de su capacidad de pago presente o futura, que desarrollen actividades productivas y que garanticen el cumplimiento de sus compromisos actuales y eventuales;

  1. Destino del préstamo: adicionalmente, los recursos del crédito deben ser destinados a financiar las actividades antes mencionadas del negocio, a la adquisición o renta de bienes de consumo o a la mejora de la vivienda o local, siempre que se verifique que estos forman parte del proceso comercial, productivo o de provisión de servicios del negocio;

  1. Repago: el crédito ha de ser pagadero mediante cuotas, con una frecuencia igual o menor a treinta (30) días. No obstante, se prevé que en consideración de la naturaleza de la actividad que se financie, podrá otorgarse con programas de pagos variados, a fin que los mismos coincidan con los flujos esperados de la inversión realizada, escenario que se estima para los créditos con destino agropecuario o inversión en activos fijos. El vencimiento final por lo general ha de ser de un (1) año, aunque está previsto de manera excepcional que podrá otorgarse hasta tres (3) años si la actividad o la vida útil del bien a financiar lo justifica;

  1. Capacidad de pago: si bien previo a la concesión de un microcrédito la entidad de intermediación financiera debe efectuar una evaluación exhaustiva del deudor, –que contemple el análisis de la capacidad de pago en base a los ingresos del solicitante y su unidad familiar, su patrimonio neto, el importe de sus diversas obligaciones o pasivos, y el monto de las cuotas asumidas con la entidad– se prevé como una característica para su clasificación como microcrédito que el prestatario no necesariamente contará con documentación o registros formales de respaldo sobre los ingresos y capacidad de pago, o con garantías reales para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras. La falta de documentación sin embargo, no constituirá una razón para mover al deudor a una categoría de mayor riesgo, pudiendo la entidad de intermediación financiera prescindir de los documentos requeridos, siempre y cuando la información sea elaborada en forma conjunta con el cliente. Las garantías que pudieren otorgarse y que reciban las entidades de intermediación financiera serán consideradas solamente como un elemento secundario en el proceso de gestión de los microcréditos, y no serán tomadas en consideración en la clasificación del deudor ni en la constitución de provisiones, pudiendo ser utilizadas sólo como mecanismo de mitigación de riesgo crediticio. Finalmente, el nivel de endeudamiento consolidado en el sistema financiero del solicitante, no deberá exceder a los cuarenta (40) salarios mínimos, excluyendo los créditos hipotecarios para la vivienda;

  1. Se prevé igualmente el otorgamiento de créditos grupales y comunales. En los primeros, los prestatarios deben estar domiciliados en la misma área geográfica, barrio o comunidad, y haberse organizado de manera voluntaria a tales fines, deben designar un responsable o jefe de grupo. Para estos préstamos la obligación es asumida de manera mancomunada. En el caso de los créditos comunales, si bien han de ser otorgados de modo colectivo a un grupo de personas asociadas que se conozcan entre sí, que por lo general pertenezcan a la misma zona, barrio o comunidad, la organización del grupo debe realizarse bajo la responsabilidad de la entidad de intermediación financiera, mediante la participación de un funcionario de ésta. El financiamiento es asumido de manera solidaria.

Se espera que el Reglamento de Microcréditos llene, en efecto, un vacío normativo de gran notabilidad, y que en efecto constituya una fuente de acceso al crédito de los microempresarios, que permita a éstos recurrir a fuentes de financiamiento formales, en condiciones más favorables.