Tras su sesión del 25 de junio del año en curso, la Junta Monetaria anunció y puso en circulación las propuestas de modificación a ciertas reglamentaciones en vigor tendentes a facilitar el acceso al crédito bancario de proyectos en la República Dominicana en los sectores de construcción de viviendas de bajo costo, infraestructura –incluyendo las redes viales– y demás sectores productivos en sentido general, eliminando las limitantes identificadas al financiamiento de proyectos inmobiliarios que se desarrollen bajo la figura del fideicomiso público-privado y privado.

Para ello se han sugerido modificaciones en primer lugar al Reglamento de Evaluación de Activos –REA–, incluyendo las que permitirán admitirse como garantías válidas a ser otorgadas por un deudor como resguardo de operaciones crediticias, los fideicomisos en garantía, los fideicomisos de fuente de pago y los nuevos instrumentos aludidos por las propuestas de modificación en cuestión e identificados como certificados de garantía fiduciaria, referidas como constancias de ser beneficiario de un fideicomiso en garantía cuyo subyacente es un activo que cumple con las características del Artículo 17 del REA; es decir, que reúnan los requisitos de ejecutoriedad, sean enajenables y evaluables, transferibles sin costos excesivos, estables en su valor y asegurados en caso de que por su propia naturaleza así sea requerido.

El fideicomiso en garantía, según lo define la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, es aquél en el que los bienes integrados en el patrimonio fideicomitido están destinados a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero –deudor–. En el mismo, el fideicomisario, en su calidad de acreedor, puede requerir al fiduciario la ejecución o enajenación de acuerdo al procedimiento establecido en el acto constitutivo.

Las propuestas de modificación que nos ocupan aluden a esta figura de manera expresa para crear las garantías y admitirse para fines de evaluación de activos de las entidades de intermediación financiera sobre bienes inmuebles, y sobre fuentes de pago, fideicomiso en cuyo caso el acreedor es inscrito como beneficiario del pago de una acreencia a su favor por parte de un fideicomiso, al que se le han cedido los derechos de crédito que generen un flujo de caja futuro o un flujo de caja cuyo pago a favor del fideicomitente se pueda asegurar.

Por otro lado, las propuestas también pretenden revisar el Artículo 6 –Límites de Créditos Individuales– del Reglamento de Concentración de Riesgos, previéndose al efecto que las entidades de intermediación financiera podrán efectuar operaciones que impliquen financiamiento directo o indirecto, sin importar la naturaleza que adopte, hasta un límite de un 40% del patrimonio técnico, cuando los préstamos cumplan con las características de ser otorgados con la garantía del Estado dominicano o con fondos para el repago de la deuda provenientes de flujos reales generados por fideicomisos públicos, que se encuentren consignados en el Presupuesto Nacional.

La medida tendría un efecto directo en los financiamientos a ser otorgados a los fideicomisos públicos creados al amparo de la Ley 189-11 y leyes especiales al efecto, destacándose entre los existentes, el Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana –RD VIAL–.

Previamente, en marzo de 2015, la Junta Monetaria ya había resuelto autorizar al Banco Central de la República Dominicana el uso de hasta RD$10,000 millones del encaje legal correspondiente a los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos, para destinarlos al financiamiento de proyectos inmobiliarios que se desarrollen bajo la figura del fideicomiso público-privado y privado.